La Misión de Observación Internacional de los Derechos Humanos de los defensores y las defensoras de la Tierra y el Territorio en Honduras, denunció que al menos 165 defensores y defensoras de la tierra y el ambiente se encuentran en estado de vulneración o riesgo tras haber denunciado violaciones de derechos humanos en el departamento de La Paz entre el año 2014 y el 2018.

Manifestaron que la agresión proviene de industrias como la minería e industriales extractivas, agroindustria, explotación forestal, protección de las fuentes de agua y represas.

Según esta misión, de los 165 casos que acompañan, 56 son mujeres y 109 son hombres, siendo los municipios de Tutule, Marcala, Santa Elena Cabañas y San José, los de mayor incidencia de casos denunciados.

Entre el año 2018 y 2019 se documentó el uso y el abuso de las leyes y políticas diseñadas para criminalizar e intimidar a las personas defensoras, a sus familias y a las comunidades que representa.

Asimismo, indican que los derechos mayormente vulnerados son a la integridad física, derechos humanos en general (derechos de las mujeres, niñez y desplazadas por violencia), derecho a un proceso justo.

De igual forma lamentaron que con la aprobación del nuevo Código Penal, que entrará en vigencia en diciembre del 2019, se estaría clasificando a las personas defensoras como terroristas o enemigos del Estado.

Las organizaciones vinculan las fuerzas de seguridad y en especial a la Policía Militar del Orden Público (PMOP), como uno de los más perpetradores de violación de derechos.

Frente a esto, las organizaciones campesinas, defensores de la tierra y el territorio exigen al Estado hondureño un cese a su política de criminalización a personas defensoras, que, además contribuye a generar impunidad para quienes perpetran violencia en su contra. Es inadmisible que la defensa de derechos humanos sea sinónimo de estigmatización y muerte.